Madrid, 20 feb (EFE).- Crear una casa de acogida para casos urgentes de mayores maltratados y establecer una línea de teléfono similar al 016 de víctimas de violencia machista puede ayudar a estos ancianos, que en la mayoría de los casos callan su situación porque quienes ejercen los abusos pertenecen a su propia familia.
Son propuestas contenidas en "Personas mayores en condición de Vulnerabilidad, Maltrato y Abuso", un trabajo que aborda desde el estudio de factores de riesgo pasando por la prevención y protección tanto jurídicas como de respuesta social y sanitaria.
La obra, presentada en Madrid, es una iniciativa del vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Foro Justicia y Discapacidad, Pío Aguirre.
Obedece su publicación -dice Aguirre-, a que las estadísticas atestiguan claramente que los niveles de abusos y maltrato en los colectivos de mayores y de discapacitados son "considerablemente mayores" a los del resto de las personas y, además, registran un bajo nivel de detección.
El capítulo dedicado a la respuesta socio-sanitaria, firmado por los expertos Carmen Sánchez, Antonio Martínez y José Díaz Huertas, apunta a que los recursos de prevención, diagnóstico e intervención "no son muchos ni están demasiado coordinados", y tampoco hay protocolos ni medios especiales.
Además, existe la dificultad de la víctima a contar el abuso, ya que tiene una gran dependencia afectiva de su familia y cuidadores y, en muchos casos, resulta más dramático denunciar a una persona a la que quiere y de la que se encuentra necesitada para hacer muchas de sus actividades cotidianas que el propio maltrato.
De hecho, la baja detección de casos de maltrato y violencia en los mayores se debe a que casi el 100 por cien se producen por personas muy cercanas a la víctima, familiares y cuidadores.
Y el camino que lleva a los juzgados o a las comisarías no tiene un fácil recorrido para los mayores. Son bastante desconocedoras de qué deben hacer cuando son maltratadas o dónde tienen que denunciar.
Para frenar el problema, estos tres expertos plantean hacer un protocolo que permita a los médicos detectar maltrato en pacientes de edad; establecer una línea de teléfono de asesoramiento, similar al 016; crear una casa de acogida para casos urgentes; y definir un mapa sociosanitario en cada municipio, entre otras propuestas.
Sobre las medidas jurídicas de prevención y protección, las juezas Asunción Perianes y María Jesús Alia apuntan a que una normativa disgregada entre diversos órdenes jurídicos obliga a la víctima a iniciar "un peregrinaje de actuaciones jurídicas con el inconveniente de que en la mayor parte de los casos depende de las personas que ejercen los abusos".
"Sería conveniente que el legislador tuviera en cuenta esta realidad y creara soluciones en la misma línea que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género", defienden las dos magistradas.
La publicación también llama la atención sobre el abuso económico a las personas mayores, "cada vez más frecuentes", según el capítulo firmado, entre otros, por el fiscal Carlos Ganzenmüller.
Del mismo modo en que opera en otro tipo de delitos (por ejemplo de violencia de género), "una mera comunicación ya sea verbal ya escrita a la policía o a la fiscalía de tutelas e incapacidades puede acabar de forma inmediata con estos abusos", señala el fiscal.
Por último, la profesora de la UNED Teresa San Segundo Manuel enumera una serie de señales de alarma para saber cuándo una persona está sufriendo abusos, como insultos, humillaciones, amenazas, chantajes, aislamiento, control del dinero y del gasto.
